Hoy, lo que llamamos castración ya no es un desprendimiento físico, sino el control funcional del impulso sexual masculino: lo que conocemos como “castración química” nace 1946 a raíz de un tratamiento para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona. Es un método indoloro que actúa sobre la hipófisis, inhibiendo la producción de testosterona y en el que las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, se minimizan. Podemos diferenciar tres formas de castración química en función del fármaco empleado:
- Ciproterona: administración mediante comprimidos de toma diaria
- Leuprorelina o acetato de leuprolide: su administración se realiza a través de una inyección mensual
- Depo Provera: administración a través de una inyección semestral, y es la más conocida y utilizada. Su base es la progesterona sintética (acetato de medroxiprogesterona), utilizada como método de control de la fertilidad femenina o de regulación hormonal. Los principales efectos que la Depo Provera produce en los hombres son:
o Disminución de la intensidad y frecuencia de los impulsos sexuales
o Bloqueo de la irrigación de sangre al pene evitando la erección
o Imposibilita la obtención del orgasmo y la eyaculación
Además de los efectos primordiales, cabe mencionar que entre los secundarios más frecuentes destacan la disminución y pérdida de vello facial y corporal, la redistribución de grasa en el cuerpo y el desarrollo de las características femeninas de la persona.
Todo y la reducción del trauma que pueda resultar de la clásica castración, la opción química se sigue cuestionando desde el punto de vista ético y farmacológico ya que no es un tratamiento totalmente efectivo: reduce el deseo sexual, pero no funciona en el 100% de los casos. El resultado depende, en gran medida, de la psiquis del paciente y de su edad: pacientes jóvenes, aún sometidos a este método, podrían manifestar interés sexual y revertirlo con la ingesta del sildenafil (conocido por su nombre comercial de Viagra). Con lo que, para que resulte efectivo, su uso ha de limitarse al de elemento coadyuvante en el tratamiento de los delincuentes sexuales que deseen su incorporación al mismo.
Al debate que recae sobre esta voluntad de decidir su incorporación o no como un elemento más del tratamiento, se le suma el hecho de que, una vez admitida su eficacia en el contexto del tratamiento y su inclusión en el mismo, las posibilidades legales y éticas que tienen las autoridades para actuar sobre delincuentes violentos que han finalizado su pena no tienen un límite claro que permita el seguimiento o control de cada caso en particular.
Dado que la experiencia nos muestra que tras cada caso hay una persona con características y factores de facilitación de la recaída, la psicología criminal desarrolla continuamente técnicas de valoración de riesgo futuro de violencia para poder sopesar y poner en conocimiento los riesgos de forma dinámica e individualizada para cada individuo y poder de esta manera, proponer formas de tratamiento adaptadas a las necesidades de cada caso. Pero estos métodos de tratamiento individualizado de poco sirven para actuar ante los delincuentes (o exdelincuentes) con elevados índices de riesgo de reincidencia violenta: los violadores, los pederastas, los agresores domésticos, así como secuestradores y homicidas comparten la característica de que sus hábitos delictivos no son fácilmente modificables.
La naturaleza de ciertos desvíos psicosociales hace que se precise de un gran esfuerzo por reconducir las conductas de vuelta a la aceptación de vivir en una estructura social concreta. Alguien dijo que abusar de un menor, por el hecho de enmarcarse en una sociedad que lo acepta como un hecho natural, no es menos importante o más justificable. Pero lo cierto es que la sociedad se construye de forma que mantenga un equilibrio y cada comunidad mantiene su punto de equilibrio en una posición diferente de su estructura. Las normas y las leyes defienden esta forma de sustento y lo que se sale de estos márgenes, merece ser expulsado a riesgo de que desequilibre la paz moral que nos identifica. Pero a la persona que se desvía, se le da la oportunidad de reincorporarse y se le dan las herramientas para que pueda hacerlo: es elección de esta persona decidir si quiere o no luchar en contra de su naturaleza y sus impulsos. Los que el permanecer integrado y aceptar y alimentar la necesidad de realizar actos rechazables son los que llamamos “delincuentes irreincorporables” y son aquellos que no se pueden reinsertar de forma natural por dos únicos motivos: por un trastorno que en su punto de auge, requiere de ayuda para ser controlado, o porque en realidad no quieren cambiar sus hábitos. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado.
El futuro de la lucha contra la delincuencia violenta se ha de centrar entonces en la prevención de su desarrollo mediante de la gestión del riesgo de violencia en aquellos individuos con serios antecedentes violentos y especialmente en aquellos que resulten identificados como de alto riesgo. El control de la protección grupal se ha de realizar centrado en un problema desde la perspectiva colaborativa de diferenets agentes sociales (penitenciarios, servicios sociales, los agentes sanitarios…) para continuar con la tarea de reconducir a los agresores reincidentes a aceptar la manera de continuar en esta sociedad, procurando evitar una posible recaída. Su papel es fundamental para dar el soporte necesario y fidelizar la administración continuada del Depo Povera hasta donde sea necesario.
Pero claro, ya fuera del tutelaje legal, ¿Quién decide que deja de ser necesaria la administración de este fármaco para evitar una recaída? ¿Quién dice que es necesaria fidelizar esta administración para asegurar el mantenimiento de la integridad personal ante los posibles factores de recaída? ¿Quién decide finalmente que administrar una castración química perpetua asegura el fin del monstruo como impulso sexual primitivo y primario?
